No está de más, en estos tiempos de sacar al aire trapos sucios, airear la trastienda de uno de los Ministerios más herméticos que hay: el Ministerio de Defensa. Leyendo los datos del artículo de Pere Ortega en el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, uno entiende el porqué del oscurantismo que rodea a esta institución: es indignante ver cómo funciona este coladero de millones al servicio de la industria militar.
El presupuesto del
Ministerio de Defensa (6.913,6 millones de euros) desciende en su
conjunto un 6,7% respecto al año 2012. Pero esta reducción se produce si
solo se tienen en cuenta los gastos consolidados del Ministerio más los
de los Organismos Autónomos.
Si añadimos los gastos de las clases pasivas militares, de la mutua
militar, de las contribuciones a organismos militares internacionales,
del cuerpo militar de la Guardia Civil y de los créditos en I+D militar
del Ministerio de Industria, entonces la cuantía se dobla y asciende a
13.708,3 millones. Si, además, a ello se le suma la parte proporcional
de los intereses de la deuda de Defensa que, en su conjunto y debido a
la mala salud de la economía, aumentan de manera importante -un 33,7%-, y
por último, las aportaciones extraordinarias que durante el año se
producen y que en los últimos diez años, vista la liquidación anual del
presupuesto, da un promedio de 1.398 millones, entonces, el gasto
militar real previsto para el año 2013 asciende a 16.492 millones de
euros y representa tan sólo una disminución respecto del año 2012 de un
3,15%.
(...)
Pero esa disminución en I+D e inversiones es engañosa, pues bien
puede ocurrir lo mismo que en años anteriores y se acaben superando los
1.000 millones. Este mismo año se han superado todos los récords del
decenio: se ha concedido un crédito extraordinario de 1.827,7 millones
(septiembre 2012) para pagar los compromisos con los cazas Eurofigther,
el blindado Leopardo, los Buques de Acción Marítima, el helicóptero
Tigre, los misiles Iris y Spike y el obús de 155mm. Pero además se han
completado otras partidas, como es el caso de las operaciones militares
en el exterior, denominadas de manera eufemística de mantenimiento de la
paz, cuando lo que las fuerzas armadas españolas están llevando a cabo
en Afganistán es apoyo a una guerra; y en el océano Índico, se protege a
los atuneros que expolian los caladeros de Somalia. Partida a la que
cada año se le asigna una exigua aportación de 14,36 millones, y en
abril de 2012 se aportaban 753 millones más desde el cajón de sastre
denominado Fondo de Contingencia. Otra partida que debería ser motivo de
cuestionamiento por parte de la opinión pública y que de momento ha
aportado 243 millones a las arcas de Defensa es la generada por ingresos
propios, pues es producto, o bien de la venta de armamento en desuso, o
de la venta de patrimonio público en manos del Ministerio de Defensa.
Este Ministerio es uno de los mayores propietarios de patrimonio del
Estado, cuarteles, viviendas, campos de tiro, bases e instalaciones
diversas por todo el territorio, y en los últimos años los diferentes
gobiernos han autorizado la enajenación de mucho de su patrimonio.
Ingresos que se incorporan al presupuesto y se destinan,
mayoritariamente, a la compra de armamentos.
Estas modificaciones han aumentado el presupuesto de Defensa en
2.826,7 millones, lo que representa un incremento –y una desviación
respecto al presupuesto inicial- a septiembre de 2012 de un 27,6%. A
finales de año puede ser un incremento superior, cuando se había
anunciado que disminuía un 8,8%, una reducción que se ha convertido en
una estrepitosa falsedad. Así pues, hay recursos para aumentar las
fuerzas armadas y no los hay para incrementar el gasto social o el
desarrollo de la economía productiva.
(...)
Las gentes
que proponen una auditoría de la deuda pública en España tienen en la
enorme deuda de 32.000 millones, contraída por la adquisición de
armamentos, argumentos sólidos para pedir responsabilidades políticas y,
porqué no, la condonación de la deuda con las empresas militares, sobre
todo cuando esos armamentos no responden a las necesidades de seguridad
de los españoles y además destruyen la economía real.
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